Ante al grave episodio creado alrededor del proyecto de utilización de una parte de las reservas de libre disponibilidad para el llamado “Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad”, y la posterior remoción del Presidente del Banco Central, la derecha nacional e internacional, en representación política de los sectores sociales económicamente mas poderosos, ha intentado ganar el centro del escenario público mostrándose como celosa defensora de la “autonomía del Banco Central” y de la “institucionalidad” severamente amenazada por el “autoritarismo” del Poder Ejecutivo. Del mismo modo que en su momento apoyaron las declaraciones del señor Valenzuela, enviado del gobierno imperialista norteamericano, quien expresó sus quejas por la “inseguridad jurídica del país”.
Para ello cuentan con una profusa campaña de (des)información montada por la cadena de medios escritos y audio visuales, que actúan heridos de muerte por la reciente ley que termina con el dominio monopólico de la información.
Lo que en verdad ocultan los dichos de esa galería de “referentes” políticos y sus aliados circunstanciales, es que rechazan el Fondo del Bicentenario no porque a través del mismo se intente pagar la usurera e ilegal deuda externa abriendo la posibilidad de nuevo endeudamiento, sino porque entienden que se debería honrar esa deuda pagando con recursos fiscales, lo cual significa –entre otras cosas- achicar el gasto público, afectar inversiones en obras de infraestructura, bajar el consumo vía ajuste salarial, paralizar el crédito y los subsidios destinados a la pequeña y mediana empresa, hacer peligrar el fondeo para la seguridad social y la asignación universal por hijo, como así también para cualquier otro emprendimiento que vaya a favor del fomento a la economía.
El Partido Comunista, a la vez que denuncia y condena ese accionar orientado a aprovechar toda coyuntura para fortalecer sus planes destituyentes, manifiesta que el Fondo del Bicentenario no debe ser utilizado para pagar deuda externa ilegítima e inmoral, sino que debe servir para amortizar parte de la deuda social interna, que debe ser funcional a la distribución de la riqueza, que debe servir para combatir la inequidad social, que debe ser útil para garantizar pobreza cero y desocupación cero.
A su vez, resulta claro que todos estos personajes representantes de los segmentos económicos mas concentrados, ven facilitada su actividad por la falta de decisión política del gobierno al no haber derogado oportunamente la Carta Orgánica del Banco Central cuya sanción viene de la época de Menem-Cavallo y expresa la ideología monetarista mas ortodoxa sustentada en el “Consenso de Washington” responsable del saqueo de los pueblos latinoamericanos y de la depredación de sus riquezas naturales. En la presente oportunidad esa situación se agrava, ya que según declaraciones oficiales la política económica va a estar dirigida al “desendeudamiento” no para asegurar la plena soberanía nacional en el manejo de sus finanzas, sino para adquirir nueva deuda mediante créditos del FMI, del BM y de otras organizaciones financieras internacionales que no por conocidas han modificado su naturaleza dañina al servicio del capital imperialista.
En cuanto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenó la utilización de las reservas, tiene fuerza de ley hasta tanto no sea revisado o avalado por el Poder Legislativo, tal como lo establece la Constitución Nacional. En consecuencia, es un recurso legal que tiene el Ejecutivo y naturalmente está por encima de la propia Carta Orgánica del Central. Por lo tanto, no necesita del apoyo de ADEBA (la Cámara que agrupa a los bancos nacionales) quienes han pretendido negociar ese apoyo presionando al gobierno a fin de impedir la sanción de una nueva Ley de Entidades financieras que declare a la actividad bancaria como servicio público en armonía con los intereses del pueblo y la Nación Argentina.
Por otro lado, cuanto menos resulta incongruente que un organismo del Estado Argentino, como es el Banco Central, pretenda ubicarse por encima de los atributos constitucionales del Poder Ejecutivo, cuyo titular, al margen de si goza de mayores o menores adhesiones, cumple un período de gobierno en virtud de un mandato popular que debe respetarse. Eso sí constituiría una verdadera y genuina defensa de la institucionalidad.
Finalmente, el Partido Comunista declara que hoy resulta mas necesario que nunca contar con un Banco Central al servicio de un nuevo modelo de país, integrado al proceso renovador y antiimperialista que se opera en Latinoamérica a pesar de los descarados esfuerzos de la derecha internacional - bajo la batuta del imperio norteamericano- que trata de revertir esta situación desestabilizando a los gobiernos que, con dificultades y no pocas contradicciones, han colocado el principal foco de atención sobre la necesidad de radicalizar medidas que vayan en beneficio de los pueblos y afiancen un camino de liberación.
Hacemos un nuevo llamado a todas las fuerzas políticas y sociales que integran el ancho abanico de la izquierda para forjar un amplio frente que, sobre la base un programa de coincidencias y de un plan de acción común consensuado, sea capaz de construir la alternativa política imprescindible para exigir a este gobierno la adopción de las medidas que urgentemente reclama el pueblo para satisfacer sus mínimas necesidades y superar los niveles de pobreza, como así también, erigirse en poderoso valladar asentado en la fuerza del poder popular apto para derrotar los planes derechistas de restauración agravada del capitalismo neoliberal y encarar un genuino proceso de cambios profundos y estructurales.
