Argentina, Chaco: Apuntan a la extranjerización y concentración del uso y de la explotación de las tierras fiscales

Rolando Núñez (CENTRO MANDELA, especial para ARGENPRESS.info)

El entendimiento sobre tierras fiscales entre el Gobierno del Chaco, una compañía anónima de Arabia Saudita y una consultora en formación.

El gobierno nacional impulsa, política e institucionalmente, un importante proyecto para lograr una nueva regulación de la propiedad de la tierra en la Argentina, con eje en la protección de la soberanía, pero fundamentalmente con el objetivo de impulsar el acceso a la propiedad de miles de familias campesinas, minifundistas y pequeños productores sin tierras. El proyecto habla de la regulación de la propiedad de la tierra casi en el umbral de considerarla como “un bien social”, lo que implica una profunda modificación positiva en el concepto y en la visión acumulada ininterrumpidamente en nuestro país. El objetivo mayor de la nueva postura política nacional se orienta a frenar el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y a establecer un nuevo régimen en materia de contratos rurales. Se reconoció, al fin, que 17 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, en regiones de alta concentración de recursos naturales estratégicos y de gran valor de biodiversidad. También se admitió que más de 500 mil familias campesinas están excluidas de la tierra, que es lo mismo que decir que son excluidos de la producción y del trabajo, o sea que integran el vasto lote de pobres e indigentes de la Argentina.

La propia presidenta Cristina Fernández anunció, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que la futura regulación de la propiedad de la tierra seguirá el modelo brasilero, indiscutiblemente progresista aunque insuficiente. Se enfatizó sobre la intensa ola de compra y concentración de tierras por parte de extranjeros, profundizada durante la época menemista, rescatándose la necesidad estratégica de defender el interés y el desarrollo nacional.

Algunas pautas del memorándum de entendimiento

El memorándum de entendimiento fue firmado el 22 de febrero entre el gobernador de Chaco, la firma Alkhorayef Group Company (AGC), representada por José F. Tomás y Siasa Latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito. Los compromisos asumidos no son jurídicamente vinculantes; no se generan derechos ni obligaciones para los firmantes, de manera que es posible ser dejado de lado el entendimiento sin que traiga aparejado ningún tipo de consecuencias económicas o de otra naturaleza.

AGC se presentó como una empresa diversificada en industria, comercio y desarrollo de proyectos, dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria pesada y equipamiento de riego, más otros servicios para el sector agrícola, en forma directa o a través de sus empresas controladas. Para cualquier notificación fijó domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como una sociedad anónima, en formación, con oficinas en Tigre. Tiene por principal objeto agrupar managers.

El objetivo del entendimiento sería el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras de propiedad de la Provincia del Chaco. La producción que se logre debe ser entregada al Reino de Arabia Saudita. AGC será el desarrollador del proyecto y principal responsable de Arabia Saudita, vinculando a las fuentes de financiamiento saudí, a los ingenieros, a los sub-contratistas, consultores y proveedores, asegurándose en operar como el único y exclusivo comercializador de los productos agrícolas que se obtengan en el emprendimiento.

La preparación del estudio de viabilidad del proyecto está a cargo de la Provincia del Chaco. Mientras tanto, AGC y SIASA indicarán el fondo saudita interesado para el desarrollo y otros financistas internacionales que deseen participar en la financiación del proyecto, a través de un préstamo a la Provincia del Chaco, que debe ser garantizado por la República Argentina, como garante soberana.

En el futuro se debe elaborar el proyecto de desarrollo vinculante, a partir del cual comenzarán las responsabilidades irrenunciables de las partes, en términos de financiamientos y de ejecución del proyecto, que se plasmarán en los contratos definitivos.

En cuanto a la financiación, de punta a punta aunque sin especificaciones, se contempla que requerirá de 300 a 400 millones de dólares estadounidenses. En el artículo 2.4 se precisó que las necesidades de financiamientos se obtendrán a través del apoyo del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales, con garantía soberana argentina, con un financiamiento aproximado de 12 años.

En al artículo 2.6 se establece que la Provincia del Chaco poseerá y proveerá la tierra y proporcionará todo tipo de apoyo para la ejecución del proyecto, garantizando que las empresas de Arabia Saudita tengan prioridad en el alquiler de la tierra, así como a AGC.

Chaco no coincide con las políticas nacionales

De todas y de cada una de las cláusulas del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno del Chaco, AGC y SIASA deriva que el emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales. Al mismo tiempo, de manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional, en un tema que no es menor sino estratégico para los intereses del país y de alta exposición por la sensibilidad de la opinión pública respecto del preocupante y creciente fenómeno de extranjerización de la tierra argentina.

En cualquier caso, la decisión política del gobierno provincial merece un fuerte reproche y una esclarecedora crítica social porque cuando incipientemente nace en Argentina la necesidad y la urgencia de regular la propiedad y uso de la tierra con parámetros modernos y progresistas, al amparo de la concepción de bien social de la tierra, aparece este emprendimiento que contradice abiertamente las pautas mínimas de administración responsable de las tierras fiscales y de los recursos naturales, que es lo mismo que decir que no se custodia ni se protege el ambiente y la biodiversidad.

El emprendimiento no se ajusta a la ley y a la Constitución

El proyecto desvirtúa y desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución, que establece -con absoluta claridad- las pautas que regulan la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, señalando a quienes se debe adjudicar, los objetivos perseguidos y las prohibiciones. Nuestra carta magna definidamente alienta la entrega de la tierra a pequeños productores, a sus hijos y a las comunidades indígenas, prohibiendo la entrega a sociedades mercantiles, salvo excepciones que deben ser formuladas por ley, con fundamentos serios y comprobables.

Nuestra Constitución no autoriza a que el gobierno alquile las tierras fiscales. Desde esta perspectiva, el emprendimiento con financistas saudí se evidencia absolutamente inconstitucional, además de ser un nuevo caso de extranjerización y de concentración de las tierras.

Además, el proyecto no se ajusta a la ley 2913 ya que a lo largo de su texto no contempla que el gobierno provincial alquile tierras fiscales. Por ello es que la continuidad y ejecución del temerario emprendimiento necesitará –inevitablemente- de la sanción de una nueva ley para que se modifique la actual. En ese marco aparece la responsabilidad futura de los legisladores provinciales, quienes no deberían apoyar tal iniciativa, con lo cual harían un gran aporte en la tarea de preservar los derechos colectivos y los activos de los chaqueños, actualmente en riesgo frente a proyectos como el analizado.

Escasa o nula factibilidad ambiental. Los riesgos y daños

Por si fuera poco que el emprendimiento sea inconstitucional y que no tenga cobertura legal hasta tanto se sancione una nueva ley que calce -como guante a medida- en los intereses que se auspician, el gobierno difundió que el proyecto se localizaría en la zona de Las Hacheras. Esta pequeña comunidad rural, ubicada sobre la ruta provincial Nº 9, a 30 kms. de Miraflores, inicia lo que se llama el camino costero hacia Nueva Pompeya y localidades ubicadas más al norte, en El Impenetrable. A su vez, Las Hacheras se localiza también a 30 kms. del único puente de ingreso a la Estancia “La Fidelidad”, de propiedad de los hermanos Roseo, hoy objeto de una gran disputa entre pretensos herederos y compradores fraudulentos después del cruel asesinato de don Manuel. Este campo todavía preserva una extraordinaria riqueza ambiental y de biodiversidad a lo largo de las 148 mil hectáreas ubicadas en el interfluvio chaqueño, con un bioclima excepcional, hoy expuesto a saqueos, a la extracción ilegal de productos forestales, a sobre pastoreos y a ocupaciones ilegales porque no cuenta con ninguna protección.

La región que se extiende entre el Río Bermejo y Las Hacheras está integrada por suelos que no son aptos para la agricultura, aún con riego artificial. Son suelos Clase VI, que para no ser degradados necesitan de la cobertura permanente del monte. En el mejor de los casos, estas tierras deben ser destinadas a actividades silvo pastoriles, a ganadería extensiva o a la obtención de madera con criterios muy selectivos, con el objetivo permanente de preservación del monte por su alto servicio ambiental, que desvirtúa cualquier concepto de tierra ociosa que se pueda manejar desde los despachos oficiales. En definitiva, si se desmontara y se destinara la región a la actividad agrícola, los suelos colapsarán de tal modo que cuando venza el plazo del alquiler a los extranjeros, serán suelos estragados.

Vale la pena retroceder

Estamos a tiempo para dejar sin efecto el entendimiento firmado entre el gobierno y los inversores saudí. Desde todo punto de vista conviene interrumpir el proyecto. Es necesario que no se entreguen en alquiler, o bajo cualquier otro formato jurídico, las tierras públicas del Chaco, sobre todo en latifundios a extranjeros porque se violará el espíritu y la letra de la Constitución y se producirá un extraordinario daño ambiental y social, quizás irreversible.

Debe entenderse que la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales a AGC/SIASA significará una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización y de concentración, en abierta contradicción con todas las pautas fijadas por el gobierno nacional y por la opinión pública. Vale la pena retroceder.

http://www.argenpress.info/2011/03/argentina-chaco-apuntan-la.html

Extraido de: MOVIMIENTOCAMPESINOLIBERACION.BLOGSPOT.COM

El campo de la Mesa de Enlace

Trabajo esclavo, contaminación y multinacionales, por Rafael Villarreal, responsable agrario del PC

Hasta que estalló el conflicto por la 125, el campo era la tierra donde crecían los cultivos, pero a partir de allí los multimedios le impusieron otro sentido a las palabras. El campo eran todos los sectores relacionados directa o indirectamente a la producción agropecuaria del país representados por la “Mesa de Enlace” que proclama, con doble sentido, “el campo somos todos”, o sea, todos los que tienen que ver con la producción agropecuaria, los pueblos del interior, las provincias; el país federal al que “el campo” garantiza los alimentos y el trabajo, según la Mesa.

La Mesa encabezó la lucha “contra el saqueo del gobierno a tráves de las retenciones”. Decir campo o Mesa de Enlace, era como decir Patria y patriotas. Por ello, la derecha política se encolumnó y los acompañó en su marcha hacía Palermo, el santuario de la oligarquía terrateniente, donde tantos gobiernos rindieron cuentas. Cuando impusieron la terminología “el campo”, lo hicieron para emblocar a distintos sectores y para que no se entienda la esencia del conflicto. Además, si el campo era uno solo, el mensaje debía ser único y homogéneo. De este modo la Mesa se utilizó como un valioso instrumento para desgastar y desestabilizar al gobierno y crear las condiciones para la vuelta de la derecha al gobierno. La Mesa es un matrimonio por conveniencia de ciertos dirigentes a quienes les cuesta más divorciarse de la Sociedad Rural que de las bases de sus organizaciones.

Y volvieron a rendirle culto cuando en el 2011 la Mesa lanzó un nuevo paro político-mediático de comercialización. Señalaron que fue un éxito porque volvieron a instalarse en la agenda política y que son un ejemplo ya que, aunque con diferencias, marchan juntos.

Pero durante ese mismo paro, cuando la Federación Agraria protesta ante las intalaciones de Cargill en Rosario, ningún dirigente acompañó la acción.
Eduardo Buzzi hizo equilibrios, pero la argumentación la dio Héctor Huergo en Clarín Rural el 18 de enero, “para los productores la percepción fue que los exportadores y los molinos se hicieron una fiesta (...) habrá quién efectivamente aprovechó las ventajas del modelo, pero la realidad es que aquí no hubo fiesta para nadie”.

Por otra parte, para Biolcati el tema del trabajo esclavo se ventila para embarrar la cancha, cuando son las patronales agrarias las que embarran la cancha de los trabajadores rurales basándose en una ley de la dictadura, con la complicidad y colaboración de Venegas de Uatre, mediante el Renatre (ente encargado de controlar las condiciones de trabajo). El control es a favor de los agronegocios y las trasnacionales y, además, ahora tercerizaron la tarea contratando los servicios de la empresa Gregard, vinculada a Duhalde. Los resultados están a la vista: más del setenta por ciento del trabajo rural esta fuera de la ley, en condiciones de esclavitud y no solo en las empresas líderes.

Desde que se conformó la Mesa fue claro que todo se concentró en la defensa de la renta extraordinaria, la eliminación de las retenciones y una mayor explotación de los trabajadores. Así se fue dejando de lado el reclamo de segmentar las retenciones, de una ley de arrendamientos que ponga límites a los pooles de los agronegocios, a los reclamos contra la extrenjerización de la tierra, etcétera.

Cabría decir parafraseando a la Mesa de Enlace “el campo somos todos”, pero la mesa “defiende a los que más tienen”. Por esto resulta inadmisible que el gobierno favorezca a las cooperativas de la Federación Agraria con la venta de 500.000 tn de trigo.

Entre el 2 y el 5 de marzo se realizará en Baradero la Expoagro, la mega muestra del campo argentino, antes Expochacra, que Clarín, La Nación y los agronegocios unificaron todo su poder en ella, donde “estará la Argentina que mira hacia afuera”.

Las empresas líderes Bast, Pioneer, Dupont, Bunge, Nidera, Monsanto, Cargill y otras, no sólo no tendrán que dar explicaciones sobre el trabajo esclavo, la evasión impositiva, la triangulación de exportaciones, las consecuencias de la fumigación con glifosato en torno de los pueblos, sino que serán las estrellas de la muestra.

Estarán allí como “empresas líderes a las que les interesa el país y trabajan por él” y allí estarán la Mesa de Enlace, Venegas, los Macri, Sanz, Carrió, abanderada de las retenciones cero y de Clarín y La Nación porque “son el país” y seguramente estará Duhalde, para reiterar que estamos en una preanarquía, que hay que reprimir y poner orden, dar garantías a los inversores y recortar el poder del sindicalismo. Para esa política se postula como el presidente del orden, en medio de las denuncias sobre el trabajo esclavo y fraude impositivo de grandes empresas. En la Expo no estará el campo de los que producen el grueso de los alimentos, los que no aparecen en Clarín, los obreros rurales, los campesinos, los pueblos originarios, los pequeños productores, las organizaciones agrarias del campo popular.

En definitiva, los que avanzan en su coordinación y articulación, repudian el trabajo esclavo y luchan por un nuevo estatuto del peón que reemplace la ley de la dictadura, los que luchan contra los desalojos y por los derechos de los pueblos originarios, en defensa del medio ambiente, los derechos humanos, la recreación de la Junta Nacional de Granos y el impulso a la realización de un gran debate nacional para el logro de un cambio imprescindible, la construcción de la más amplia unidad de las organizaciones campesinas y del campo popular.

Basta de explotacion esclavista

Declaración del Movimiento Campesino Liberacion
(Nuestra Propuesta nº 999)

Por medio de una declaración titulada “San Pedro o la vieja y nueva oligarquía”, el Movimiento Campesino Liberación (MCL) fijó su postura respecto a los casos de trabajadores rurales sometidos a estado de esclavitud detectados recientemente.


“La visibilidad que tomó la explotación-esclavitud a la que son sometidos los obreros rurales golondrina desde hace mucho tiempo, en especial los provenientes de Santiago del Estero, puso en el tapete de la agenda pública la contradictoria realidad entre el ‘Campo Argentino’, presentado nacional e internacionalmente como ejemplo exitoso, en cuanto a ‘avances tecnológicos de última generación’ se refiere, y los obreros rurales eternamente olvidados, por lo que queda a las claras que si de algo el capitalismo ‘moderno’ no se pudo desprender, es de la despiadada e inhumana explotación del hombre por el hombre”, señala.


Y reflexiona luego que “los ‘descubrimientos’ a manos de la Afip y de un fiscal con coraje en las bonaerenses localidades de San Pedro y Ramallo aparecen como una contradicción ante la definición del gobierno nacional por medio del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y de la propia presidenta Cristina Fernández, quienes proclaman 150.000.000 de Tn de granos para el 2016, de la mano de la burguesía agraria y de estas mismas multinacionales explotadoras; con nada más y nada menos que la visualización dolorosa de la realidad que vive una parte importante del sujeto agrario (1.400.000 obreros de los cuales solo hay blanqueados 600.000 según Gerónimo Venegas, su secretario general), que fue despojado de su dignidad, con métodos de explotación esclavistas y la complicidad de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores del Momo y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, organismo estatal-privado que pacta entre las patronales agrarias y el Momo cuántos y a quiénes blanquear, política aplicada originalmente por la vieja oligarquía nativa de la Sociedad Rural Argentina y la remozada burguesía agraria sojera moderna, adoptada también por las multinacionales de los agro-business, todos emparentados y “enlazados” por el mismo hilo conductor, el paquete tecnológico granario, que todavía no encontró la máquina ideal para desflorar maíz o apartar y/o cortar papa para semilla que las manos tajeadas de lo obreros santiagueños, o las cuadrillas o ‘comparsas’ esquiladoras en el sur o los braceros de los algodonales chaqueños o los zafreros del azúcar en Tucumán, o los tareferos del té y la yerba en el NEA realizan a muy bajo costo”.


Tras lo que puntualiza que “el asesinato de Roberto López, en Formosa, la represión y muerte xenófoba en Soldati, la continuidad del desplazamiento de legítimos ocupantes y pueblos originarios de sus tierras y la explotación a los obreros rurales en plena “pampa húmeda” siguen siendo caras de una misma moneda, la explotación capitalista en su peor expresión que exhibe la fase más tremenda del modelo productivo hegemónico, que no puede disimular la esencia explotadora del sistema, avasallando los más elementales derechos humanos”.


Por lo que, recalca, que el MCL “repudia fuertemente estos hechos y llama a generalizar dicho repudio por parte de todas las organizaciones agrarias del campo popular y de derechos humanos, así como exigir fuertes sanciones a las empresas explotadoras evitando su impunidad, en el camino de la profundización y radicalización de políticas agrarias verdaderamente inclusivas, cerrando el paso a los intentos de restauración conservadora, sin dejar de plantear la necesidad del inicio de un amplio debate sobre el cambio progresivo y gradual del actual modelo productivo. Al mismo tiempo exige el tratamiento y aprobación del proyecto de ley del nuevo estatuto del peón rural, como herramienta transitoria para la dignificación del trabajo rural, así como la regularización de la situación de todos los obreros del sector que trabajan fuera de la legalidad en un setenta por ciento”.


E indica que “la nacionalización del comercio exterior de granos a través de una moderna Junta Nacional de Granos, que quite sustento y poder a las multinacionales extranjeras del cereal y permita la distribución de la riqueza agraria”, para lo que “es imprescindible la construcción de la más amplia y profunda unidad de las organizaciones campesinas, de agricultores familiares, pequeños productores, pueblos originarios y obreros rurales para enfrentar a tan grande enemigo, causante del dolor del sujeto agrario desposeído y del pueblo argentino del que forma parte”

Denuncian mas casos de trabajo esclavo

FUENTE: PAGINA 12.


El Mocafor señaló "la situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales en establecimientos ganaderos" formoseños, en una declaración que tituló "Esclavos del siglo XXI".

Según la denuncia, esos obreros "viven en condiciones inhumanas" en establecimientos de nuevos "inversionistas", donde realizan tareas de desmonte, destronques, postes, alambrados, corrales y galpones, entre otras, con pagos "irrisorios".

De esos montos, "se les descuentan las mercaderías proveídas por los patrones", quienes les cobran 10 pesos por alimentos que "cuestan 3 pesos en el mercado", señaló el documento firmado por el presidente del Mocafor, Benigno López.

"La mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayos reclutados en su país por punteros que prometen buena paga", por cuenta de establecimientos "ubicados dentro de una franja de 100 kilómetros al margen del río Pilcomayo", frontera natural entre Argentina y Paraguay.

La organización campesina subrayó que, "traídos en forma ilegal", los obreros "son retenidos en el interior de los campos hasta que terminen sus trabajos y generalmente viven en chozas o en galpones de herramientas". Esa irregularidad "es aprovechada por los patrones para ejecutar grandes obras a precios irrisorios y evadiendo impuestos y aportes patronales".

El Mocafor denunció además por estas prácticas a "la empresa terrateniente Caminos Ganadera, con campos en General Belgrano y Villa General Güemes", entre otros "establecimientos ganaderos de la nueva oligarquía formoseña".

Además, afirmó que en varios establecimientos formoseños próximos a la frontera con Paraguay "se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras, trabajo esclavo, desmontes de bosques nativos y aterrizajes ilegales de aeronaves".

La entidad agregó que en Formosa hay "mucho trabajo para la justicia federal" en cuanto a investigar casos de "trabajo esclavo y pistas clandestinas de aterrizaje", entre otros ilícitos.