Un amasijo de bólidos contaminantes

Por Alfredo Montenegro (especial para Agencia Walsh)

Todo el día bajo el sol de enero, parapetado en una curva esperando el momento. Entonces avanza un indescifrable bólido, un amasijo de brillantes hojalata sin fronteras

Y ya pasaron, un cacho de tierra quedó aflojada y en el aire buscando su lugar, mientras hectáreas ya son terrones aplastada por toneladas de hierros que las sellaron con el aceite derramado. Esa es la sponsoreada magia del impactante Rally que impacta contra la naturaleza en una muestra del poderío de la industria automotriz, el negocio de la tele y anunciantes varios.

"En campos de la zona, donde hubo sequía de tres años, una pisada de 60 centímetros de ancho y 5 de profundidad, tardará entre 15 ó 20 años, en reponerse", decía Susana Lara, de la Consejo Asesor Indígena (CAI), tras recorrer la zona de la línea sur rionegrina por donde transitó el rally 2010. Pero, las protestas y críticas en territorios patagónicos y Mendoza influyeron que el recorrido cambiara y se extendiera al norte.

Lo demás es cotillón, pasadas las fiestas de fin de año, y hasta que venga carnaval, parece que el rally vino a llenar un vacío informativo. Cifras de autos, motos, camiones, pilotos y espejitos de colores retrovisores tapan la otra información sobre el negocio de un show en el que el gentío sólo puede ser espectadores o consumidores.

Voces santafesinas

"Exigimos públicamente una evaluación del impacto ambiental que provoca el rally porque nunca se publicó un informe previo o posterior a estas carreras. Puede ser que nunca los hayan realizado", dijo Luis Carreras, vicepresidente del Centro de Protección a la Naturaleza - (CeProNat), de la capital santafesina.

"El llamamiento lo hicimos en todo el país porque pasará sobre zonas frágiles, donde tras los anteriores rally nunca hubo una remediación de los daños ocasionados, a pesar de que los organizadores se dicen líderes del ambientalismo. Quizás Santa Fe sea una de las menos afectadas al ser recorrida en la región del mar de la soja, en el sur provincial", explica el ambientalista que desde hace 30 años trabaja en la entidad que "lucha por una mejor conservación del ambiente".

"Además, no dicen por donde correrán y hay regiones que nunca fueron transitadas y que albergan reservas naturales o yacimientos arqueológicos", indicó Carreras a Redacción Rosario.

También explicó que el pedido surgió luego que "el Defensor del Pueblo de la Nación advirtiera que los estudios de impacto ambiental de las ediciones anteriores de la competencia, no fueron realizados con el rigor que requiere la normativa vigente y que muchos, además de afectar regiones, no fueron correctamente remediados".

En ese sentido, el organismo nacional había señalado: "La falta de rigor conlleva una ausencia de evaluación adecuada, pone en riesgo las nacientes cordilleranas de diversas cuencas hídricas del país (superficiales o subterráneas), los ecosistemas de zonas áridas de alta fragilidad, los glaciares, la sanidad animal y vegetal del país, así como los compromisos internacionales asumidos en la lucha por la preservación de la biodiversidad y contra la desertificación del suelo, por citar y enumerar alguno de ellos".

También se resaltó que los Estados de "Argentina y Chile-, así como los representantes de los gobiernos provinciales, son responsables de brindar seguridad al público, preservar el ambiente cumpliendo mandatos constitucionales y acuerdos internacionales, y señalar y verificar las medidas de remediación concretas luego del paso de los vehículos de características especiales que forman parte del rally". Carreras resaltó que en otras ediciones del Rally, los problemas se relacionaron con "el manejo de residuos peligrosos y la falta de reparación de caminos, llegando incluso a multarse a la empresa organizadora por tal proceder".

Agregó que el informe de la Defensoría se basó en documentación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, de organismos provinciales, la Secretaría de Turismo y del Consejo Federal del Medio Ambiente.

Por otro lado, dijo que la responsabilidad no es sólo de los gobiernos sino "también de los patrocinadores, proveedores, auspiciantes, difusores, medios colaboradores, federaciones deportivas y asociaciones. La mayoría de estas empresas tienen programas de Responsabilidad Social Empresarial donde se comprometen ante sus accionistas y el público a cumplir, entre otros parámetros, con normativas que no supongan impactos ambientales de sus productos o de sus acciones".

"Es el medio ambiente, estúpidos", advirtió el chaqueño escritor Mempo Giardinelli en una nota publicada en Página 12. Mientras algunos aquí están chochos con ser "elegidos" para vivir la carrera, recuerda que "fue prácticamente expulsada de Europa y de Africa, y que Francia exigió incluso que se le quitara el nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un "espectáculo, que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias ambientales".

Tras no poder recorrer Europa y EE.UU, por las críticas de ecologistas, como sucede a menudo, miraron al sur, donde el Giardinelli resalta: "aquí hay rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados".

Alfredo Montenegro, Rosario, enero de 2011

fuente: ANRED

rio, 2 de enero de 2011

Cambiar el desarrollo para salvar la biodiversidad

Extraido de REBELION.ORG
Fuente: http://www.ips.org/TV/wsf2010/cambiar-el-desarrollo-para-salvar-biodiversidad/


Un cambio drástico en el rumbo del desarrollo económico es esencial para evitar la desaparición de los ecosistemas planetarios, que son la base de la vida, sostiene un estudio publicado este martes en la revista científica estadounidense Science.

El cambio climático, la contaminación, la deforestación y las transformaciones en el uso de la tierra están empujando las especies a la extinción, reduciendo su abundancia y los lugares que habitan.

“Las sociedades y las infraestructuras humanas han evolucionado y dependen de especies y ecosistemas particulares”, dijo Paul Leadley, de la Universidad de Paris-Sud, quien encabezó el estudio.

Pero “incluso los escenarios más optimistas para este siglo sistemáticamente predicen la extinción y abatimiento de las poblaciones de muchas especies”, dijo Leadley a IPS en conversación telefónica desde Francia.

La meta de frenar la pérdida de biodiversidad para 2020 es discutida esta semana en esta central ciudad japonesa, donde se celebra la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Pero el objetivo de 2020 es, tristemente, algo “irreal”, admitió Leadly, basándose en cinco recientes estudios ambientales mundiales.

Leadley y su colega Henrique Miguel Pereira lideraron un equipo de 23 científicos de nueve países que compararon los resultados de los últimos estudios y una amplia gama de literatura para evaluar los posibles cambios futuros en la biodiversidad.

El análisis traza una inevitable y continuada pérdida de biodiversidad en el siglo XXI, pero ofrece nuevas esperanzas de que pueda aminorarse ese deterioro si se adoptan las políticas adecuadas.

“Biodiversidad” es el término usado para describir la amplia gama de variedades de seres vivientes –árboles, insectos, plantas, animales— que conforman la infraestructura biológica y nos proveen salud, riqueza, alimento, agua, combustible y otros servicios vitales.

Muchos no entienden cuán dependiente es la humanidad de numerosos servicios provistos por la naturaleza y cuán rápido está cambiando esto, señaló Leadley.

Aunque la atención pública se ha concentrado en la extinción de especies, son los cambios en su distribución y en los tamaños de sus poblaciones lo más grave para el bienestar humano, así como los mejores indicadores de la presión que están ejerciendo las personas sobre los ecosistemas, según el estudio.

En los océanos, la combinación de sobrepesca y cambio climático –causado por las emisiones de dióxido de carbono de las actividades humanas– está rápidamente transformando la vida marina al punto de que habrá menos peces grandes en el futuro.

Además, la deforestación y el recalentamiento planetario están transformando los paisajes terrestres.

Una investigación en la selva amazónica concluyó que, si las temperaturas mundiales aumentan dos grados centígrados, como parece probable, la mezcla de incendios con deforestación acabará con la capacidad única de esa zona para generar la mitad de sus propias precipitaciones.

Sin esas lluvias, la selva se convertirá en región de praderas, causando una masiva liberación de dióxido de carbono y la pérdida de muchas especies.

Aun si la deforestación se detuviera, la mayor parte de la selva amazónica podría desaparecer dentro de 50 o 60 años debido al recalentamiento planetario, señaló el biólogo Thomas Lovejoy, principal consejero sobre biodiversidad del presidente del Banco Mundial y miembro del panel científico asesor del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

“Dos grados de recalentamiento será algo duro para muchos ecosistemas. Los bosques tropicales estarán en dificultades. Habrá pocos arrecifes de coral, la temperatura de los bosques será muy diferente de la actual”, dijo a IPS en Nagoya.

Una solución para enfriar el planeta y salvar la selva amazónica es restaurar bosques y zonas verdes, con el fin de remover dióxido de carbono de la atmósfera, señaló. El crecimiento económico debe dejar de enfocarse en las ganancias que deja la conversión de tierras y procurarlas a través de la restauración de biodiversidad.

Combatir el cambio climático es una forma de frenar la pérdida de diversidad biológica, dijo Leadley. Poner precio a las emisiones de carbono en todas sus formas, desde la generada por la deforestación hasta la agricultura, sería una manera de afrontar el problema, indicó.

La deforestación y la agricultura contribuyen con entre 35 y 50 por ciento de todas las emisiones de gas carbono a la atmósfera. También son los principales causantes de la conversión de ecosistemas naturales.

Se necesita un fuerte peso impositivo a las emisiones, fomento a los esfuerzos de capturar carbono y creación de áreas protegidas efectivas.

Proteger solamente 20 por ciento de la tierra y 15 por ciento del mar, según lo propuesto originalmente como meta para 2020 en el Convenio, no sería suficiente para detener la pérdida de biodiversidad.

Las acciones deben tomarse rápido, señalaron los científicos, ya que la ventana de oportunidades se cierra rápidamente. Medidas inmediatas podrían garantizar para 2030 una ampliación de 15 por ciento de las áreas forestadas del planeta, pero la falta de acciones podría generar una pérdida de más de 10 por ciento de éstas para ese año.

El mayor reto sigue siendo convencer a los políticos. Los científicos confían en que la creación de la Plataforma sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES, un mecanismo similar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) podría marcar una diferencia.

“Los temas son tan urgentes y lo que está en juego para la humanidad es tan importante que los científicos deben unirse a través del IPBES para informar a los gobernantes con una voz única y autorizada”, señaló Pereira, de la Universidad de Lisboa.

Delegaciones gubernamentales han expresado en Nagoya su apoyo a la creación del IPBES, pero algunos negocian su respaldo para lograr la aprobación de un acuerdo sobre el acceso equitativo a los recursos biológicos.

Glaciares: la contra-estrategia se gestó en Canadá

Sin debate y en tiempo récord, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia: el jueves pasado sancionaron normas de "protección de glaciares", aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes "para permitir el avance minero". Salta y San Juan lo harían esta semana. Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe mañana la ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan -y las legislaturas aprueban a contrarreloj- leyes que regulan el mismo tema.
El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieron con la empresa minera Barrick Gold en Canadá. El 26 de junio, en el marco de la reunión del G-20, el directivo de la firma, Peter Munk, recibió a la presidenta, Cristina Fernández, y a los mandatarios Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva les aseguró a los directivos que las leyes mineras "no se modificarán".
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. "Declaración de las provincias cordilleranas" es el título del documento que firmaron, para resaltar "la necesidad impostergable de proteger los glaciares". También se presentó un "modelo" de ley, que cada gobernador se comprometió a presentar en su provincia y aprobar lo antes posible.
Así, el 8 de julio, sin debate en comisiones ni consultar a científicos y sin atender los reclamos de organizaciones ambientalistas, la Legislatura riojana aprobó la ley de "protección de glaciares", donde el poder de control lo ejercen "en forma exclusiva" la autoridad provincial. El proyecto había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo. "El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick", denunció Jenny Luján, ambientalista de La Rioja, luego de la rápida sanción de la ley.
También en tiempo récord, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares.
Alicia Chalabe, abogada de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera, dijo que por la Constitución reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. "Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley podría ser tratada de inconstitucional", explicó.

FUENTE: INDYMEDIA ARGENTINA ( http://argentina.indymedia.org/news/2010/07/741118.php )

" Se llevan todo y nos dejan contaminados" por Pedro Resels

La explotación minera no produce beneficios económicos para el país, pero sí serios perjuicios a sus habitantes, al medio ambiente y a las futuras generaciones.

Durante la década de los años 90 la firme consolidación del neoliberalismo enunciado en el Consenso de Washington además de desguazar las empresas estatales y enajenar a precio vil todos los bienes del Estado, sobre todo de los recursos naturales no renovables como el petróleo y el gas, y favorecer con todos los recursos del poder la introducción de la soja modificada genéticamente, se dictaron las principales leyes que culminaron esta última semana con el lanzamiento ¿final? del emprendimiento minero binacional de Pascua Lama.

Argentina nunca había sido un país minero. El Código de Minería, Ley 1919, se dictó en el año 1886 y durante más de cien años se mantuvo casi sin cambios, sobre todo para las minas de categoría 1, es decir, las de oro, plata, níquel, uranio, etcétera. El Código estableció entonces que todas las minas de esta categoría eran de propiedad del Estado -nacional o provincial- pero que estos no podían explotarlo y para su utilización económica sólo podían darlo en concesión.

Leyes mineras a la medida

Recién durante la gestión de Menem comienzan a aprobarse una serie de normas que modifican el citado código y preparan el camino legal para la explotación de la minería de oro y plata en nuestro territorio. Por Ley 24196 (abril 1993) que instituye el régimen de inversiones en la actividad minera, que excluye los hidrocarburos, el cemento, las cerámicas y las arenas y el canto rodado, se otorga todo tipo de ventajas impositivas al resto de los concesionarios: «estabilidad fiscal» por treinta años, «estabilidad del régimen cambiario y arancelario», dobles deducciones especiales y régimen de amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias, exención total del impuesto a los sellos y a los activos. Y como si esto fuera poco le agrega la exención total de derechos de importación y de estadística para todos los bienes que importe para la mina. Tanto regalo no alcanza y en su artículo 22 fija que el Estado sólo podrá percibir por regalías un porcentaje no superior al tres por ciento sobre el valor del mineral extraído.
se dicta la Ley 24224 (junio 1993) donde para las minas de primera categoría como el oro y la plata se fija un canon minero de $80 anuales por pertenencia, valor que ha quedado fijo hasta hoy, al tiempo que se amplia la cantidad de terreno que puede recibir una persona para explorar en busca de minerales: ahora el permiso puede llegar a cien mil hectáreas por persona.


Fragmento del informe publicado en Nuestra Propuesta, semanario del Partido Comunista de Argentina.

Para ver el informe completo clickea: http://pca.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=545:se-llevan-todo-y-nos-dejan-contaminados&catid=1:periodico-np&Itemid=16.


FJC-Balcarce.