ANTE LA DICTADURA DE MEDIOS, VOZ PARA TODO EL PUEBLO!
El día 10 de octubre de 2009 la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firma el Decreto 1.467, que promulga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La misma se aprobó con 147 votos a favor en la Cámara de Diputados y 44 afirmaciones en la de Senadores.
A 6 meses de su aprobación y posterior promulgación, los grupos monopólicos afectados por la misma y un puñado de jueces pretenden detener el avance de la democratización del espectro comunicacional.
Estos grupos concentrados de la información, se aferran; entre varios supuestos; a declaraciones públicas realizadas por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), que justificando que la nueva ley “viola la libertad de expresión”, ha comenzado una difamatoria campaña contra la nueva legislación.
Pero para aclarar un poco el panorama, ¿QUE ES LA SIP?
Normalmente, los grupos mediáticos hablan de la SIP como si fuera un organismo consultivo válido, una organización internacional como la ONU, la OEA o una ONG de derechos humanos que defiende la «libertad de prensa». Nada de eso. La SIP es un cartel de los grandes dueños de medios de comunicación del continente, un conglomerado de empresarios mediáticos que nació en el marco de la 2ª Guerra Mundial y se moldeó al calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de intereses oligopolios, alianza con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos. La acción de la SIP, en ese sentido, está debidamente documentada y se ha basado en el empleo de esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región latinoamericana.
También este organismo ha mostrado una fuerte propaganda negra contra los gobiernos que promueven la libertad y bienestar de sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad mostrados con regímenes dictatoriales de la región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de periodistas. [1]
Pero la SIP no es el único aparato dispuesto a frenar la sanción de la ley de Servicios Audiovisuales.
LA CONSPIRACION JUDICIAL CONTRA LA DEMOCRATIZACION DE LOS MEDIOS.
Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, varios jueces dieron lugar a presentaciones realizadas por distintos personajes de la oposición. De las medidas cautelares dictadas, resultó la suspensión de la aplicación de la ley 26.522, total o parcialmente.
El primer golpe lo asestó, como no podía ser de otra manera, el concentrado Grupo Clarín, a mediados de diciembre de 2009. A pedido de la empresa, el juez Edmundo Carbone, estableció la suspensión del artículo de la LSCA que impone el plazo de un año para que las empresas puedan reestructuran sus inversiones, conforme lo establece la nueva norma. El juez se mostró altamente preocupado por el “menoscabo a los derechos de propiedad”.
El segundo fallo estuvo a cargo del juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina. En esta ocasión la derecha adoptó el rostro de asociación civil: el Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO). El magistrado suspendió los artículos de la ley que apuntan a desmonopolizar el espectro radial y televisivo mediante un nuevo criterio para el otorgamiento de licencias; y los referidos a la “transmisión en cadena”, toda vez que los mismos limitan la difusión de contendidos por fuera de las áreas geográficas para las cuales se otorgan esas licencias.
La tercera resolución se tomó en la provincia de Mendoza, bastión político del vicepresidente Julio Cobos, quien a su vez se erigió como uno de los líderes de la oposición de derecha.
Un cuarto fallo estuvo a cargo del juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, a pedido del grupo mediático de Daniel Vila y José Luis Manzano, ambos mendocinos. ¿Coincidencia?
La quinta medida cautelar tuvo como protagonista, nuevamente, al juez Medina. En esta ocasión, el salteño suspendió toda la ley para, según él, “evitar un daño grave". El funcionario de la Justicia adujo irregularidades en el trámite legislativo.
Para seguir aclarando un poco más el panorama, los jueces Carbone y Medina están vinculados a la última dictadura en la que ambos fueron funcionarios en sus respectivas provincias.
Hay que decir que la nueva legislación de medios, fue apoyada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que viene peleando desde hace mas de 6 años por el cambio de la ley que regía desde la última nefasta dictadura. Además sumaron sus adhesiones la CTA, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pueblos originarios, movimientos sociales, campesinos, estudiantiles y obreros, universidades, organismos latinoamericanos de prensa, como la Federación Internacional de Periodistas, y hasta el relator sobre libertad de expresión de la ONU, brindo su respaldo para la sanción.
Desde el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, participamos fervientemente en la difusión y respaldo por la necesidad de pluralizar la comunicación y la información, y para decir basta a la dictadura de medios, hoy fuertes agitadores del apocalipsis inmediato, ayer cómplices del golpe.
FEDERACION JUVENIL COMUNISTA DE BALCARCE
Partido Comunista
No hay comentarios:
Publicar un comentario