En la ofensiva yanqui de remilitarización del continente es significativo el reciente acuerdo suscripto por Estados Unidos y el gobierno panameño por el cual este autoriza a Washington el emplazamiento de dos bases militares en la costa del Océano Pacífico. El acuerdo, que se daría en el marco del Plan Mérida, contempla establecer estaciones navales en Bahía Piña, en la provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia y en Punta Coca, al sur de la provincia de Veraguas, a 350 kilómetros al oeste de la capital panameña.
El canciller panameño, Raúl Mulino, revela que EE.UU. y Panamá firmarán el convenio antes del 30 de octubre de 2009, e informa que “la decisión es producto de la reunión bilateral entre el presidente Ricardo Martinelli y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en Nueva York”.
Parece obvio señalar la relación existente entre este acuerdo y el establecido entre Estados Unidos y Colombia para el uso de siete bases militares en territorio colombiano.
Como reflexivamente hace notar Juan Carlos Mas -dirigente del movimiento antibélico panameño- “las bases militares ampliadas sobre Colombia y Panamá son un instrumento de anulación, mediante reversión progresiva, de los efectos de los Tratados Torrijos-Carter (…) la recolonización ha comenzado con una permisividad sin límites a las inversiones extranjeras en áreas reservadas constitucionalmente para resguardo de nuestra soberanía. Así, las costas, fronteras, playas, fuentes hídricas, bosques y subsuelos en tierra firme y en fondo marino, son sujetos a inversiones depredadoras y plagas que ponen en peligro nuestro patrimonio y lo enajenan de la mirada vigilante de la ciudadanía”.
El hecho es grave. La concesión implica un retroceso de veinte años en la política exterior y en el ejercicio de la soberanía del pueblo panameño. Y complica, además, la tensa situación en América Central. Pero no se trata de un hecho aislado. Panamá sigue enviando efectivos a la Escuela de la Américas y continúa participando en ejercicios militares conjuntos -como las maniobras Panamax- bajo la dirección del Pentágono. Lo permitió el anterior gobierno encabezado por Martín Torrijos y lo continúa ahora Ricardo Martinelli, un representante de la oligarquía panameña que asumió la presidencia hace tres meses tras ganar las elecciones enarbolando promesas de cambio, supuestamente para poner fin al desorden, la corrupción y la violencia en las calles.
En los primeros cien días de gobierno Martinelli mostró su verdadero rostro reprimiendo a los indígenas naso que desde el mes de marzo protestaban en la Plaza Catedral de la ciudad de Panamá y poco después la Policía Nacional cargó contra los estudiantes en lucha del Instituto Nacional. En setiembre pasado había declarado en la Asamblea General de la ONU que Panamá “está abierto para hacer negocios” y de inmediato sorprende al mundo con el acuerdo para la instalación de bases militares norteamericanas en su territorio, cosa que no ocurría desde 1999 cuando en virtud de los acuerdos Torrijos-Carter los yanquis debieron ir con sus tropas a otra parte. Sin duda un hecho preocupante que se corresponde con el discurso de Martinelli en la toma de posesión de la presidencia cuando se manifiesta a favor de una política subordinada a los Estados Unidos. Y en correspondencia también con otro dato inquietante: Panamá es el único país de la región que oficialmente ha aceptado el golpe militar en Honduras.
NI BASES YANQUIS! NI GOLPES!!
SOBERANIA LATINOAMERICANA POR UN PROYECTO REGIONAL LIBERADOR E INTEGRADOR!
FJC - PC
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